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| tomado de revista semana |
Desde que asumió la Presidencia en 2010, Juan Manuel Santos tenía en mente que su gran propósito sería negociar un acuerdo de paz con las FARC. En el discurso de posesión el 7 de agosto de ese año mostró esta intención cuando afirmó que la puerta del diálogo no estaba cerrada con llave. A partir de ese momento, comenzaron los acercamientos secretos con el grupo guerrillero en el que participaron activamente su hermano, el periodista Enrique Santos Calderón y el excomisionado de Paz, Frank Pearl.
En el inicio del proceso, nadie sabía cuánto iba a costar, no se hablaba del posconflicto y la situación económica de bonanza era una realidad muy distinta a la actual. Hoy, con el avance de los diálogos en La Habana y conocidos los tres primeros puntos sobre los cuales se ha llegado a un acuerdo, han surgido muchas preguntas relacionadas con el posconflicto: ¿Cuánto valdrá y cómo se financiará? Y la respuesta que algunos economistas le están dando, después de revisar las cifras, es que las cuentas no dan.
El gobierno ha dicho que cualquier cosa que se diga al respecto es una especulación, pues nadie sabe a ciencia cierta cuánto costará y Planeación Nacional apenas está empezando a hacer esas cuentas en el Plan de Desarrollo que presentará al Congreso.
Sin embargo, aunque es cierto que es dificil calcular ese costo, hay opiniones calificadas que dan luces sobre las realidades que habrá que afrontar. Una de estas es la del exministro Juan Camilo Restrepo Salazar, quien habla de una cifra preliminar –solo para el posconflicto rural– que fluctuaría entre 80 y 100 billones de pesos para los próximos diez años, lapso que se juzga razonable para proyectar el periodo de tiempo del posconflicto.
Según Restrepo, quien conoce muy bien el tema rural negociado en La Habana, el país deberá invertir con recursos públicos algo así como 8 o 10 billones de pesos anuales, en la implementación de los 12 planes de carácter rural que se enumeran en el punto número uno del acuerdo. La cifra es tan alta que asusta. No obstante, si se tiene en cuenta que Restrepo ha sido ministro de Hacienda, de Agricultura, es experto en café y es considerado un hombre ponderado y ecuánime, su opinion tiene peso. Su cálculo equivaldría a destinar anualmente, a lo largo de la próxima década, una suma parecida al producido anual del impuesto al patrimonio para este solo propósito.
Aunque este es el punto más grueso de la inversión que se tendría que hacer en el marco de lo pactado en La Habana no es el único. No hay que olvidar el compromiso de la reparación a las víctimas del conflicto. El propio presidente Santos ha dicho que el costo que tendrá que asumir el Estado para los próximos diez años en este frente supera los 54 billones de pesos. Es decir, se debería destinar casi 1 punto del PIB por año.
Y es que los compromisos con las víctimas pueden llegar a ser tan difíciles de cumplir como los del agro. Según un estudio de la Universidad de Harvard para la Unidad de Víctimas, en los procesos de paz donde se ha podido reparar a las víctimas no más del 1 por ciento de la población se encuentra en esa categoría. En el caso de Colombia con más de 6 millones de víctimas ya identificadas la cifra asciende al 14 por ciento de la población. Para los expertos en negociación, una reparación de esa magnitud no tiene antecedentes comparado con 45 países que han tratado de pasar la página del conflicto armado. En la guerra civil española el número de víctimas era tan cuantioso que se concluyó que no había posibilidad de repararlas
Lo anterior, para no mencionar otros rubros que si bien a primera vista no están relacionados directamente con el posconflicto, forman parte de la ecuación para la Colombia en paz que el presidente Santos piensa dejarles a las siguientes generaciones. En esta categoría estarían, por ejemplo, las obras públicas, la vivienda y la educación.
El Bank of America en un análisis va mucho más allá y calcula el costo del posconflicto en 187 billones de pesos –es casi la mitad del PIB del país– para extenderlo en diez años. De esta suma, la mitad correspondería al programa rural y otra parte sustancial correspondería a pagos de reparación.
Pues bien, estas cifras astronómicas que hoy salen a la palestra han comenzado a preocupar a muchos, porque no se ve claro de dónde saldrán.
La semana pasada el presidente Santos terminó su gira por seis países de Europa donde buscó la posibilidad, tanto de apoyo político como de crear un fondo para financiar el posconflicto. Tuvo más éxito en lo primero que en lo segundo. En términos diplomáticos, Santos logró vender la idea de que las implicaciones de una paz en Colombia transcienden las propias fronteras y se pueden convertir en un ejemplo mundial de reconciliación en un mundo donde florecen odios y guerras. El apoyo que recibió de los grandes líderes europeos genera un ambiente favorable para el proceso de paz.
Pero en términos económicos el resultado fue menos alentador. El fondo para alimentar el posconflicto parece que va a tener más un valor simbólico que económico. De plata solo se logró un crédito que Alemania aprobará por 75 millones de euros anuales hasta 2016, ligado a la agenda del proceso de paz. Pero un préstamo no es una donación.
Los conocedores del tema consideran que la cooperación internacional va a servir más como muestra de buena voluntad que como fuente de financiación. Fuera de Estados Unidos, el resto del mundo no da plata, sino platica. Europa está atravesando una dura situación económica y está pensando más en recibir ayuda que en darla. Ni siquiera para combatir el ébola, que es considerado una amenaza para la humanidad, se ha podido llegar a un acuerdo sobre un fondo colectivo internacional. Irónicamente la economía colombiana está mucho mejor que las de varios países del Viejo Continente. Por lo tanto, la pasada del sombrero está cuesta arriba.
En el mejor de los escenarios, la cooperación internacional nunca llegaría a cubrir el 5 por ciento de los gastos totales que requerirá el posconflicto. Recaudar 500 millones de dólares sería una hazaña, pero en términos de las necesidades representaría solo una gota de agua en el océano. Como quien dice, el grueso deberá correr por cuenta de los colombianos.
Aunque es claro que no hay que sacar la plata ya del bolsillo sino generarla gradualmente a lo largo de la próxima década, una vez se firme la paz y la subversión entregue las armas, encender las alarmas no es inoportuno.
Cuando Santos se embarcó en el proceso de paz, era presidente de un país boyante que figuraba como la nueva estrella del continente americano. En 2011, cuando apenas se daban los acercamientos con la guerrilla el país batía todos los récord en materia económica. La tasa de desempleo bajó a un dígito, después de una década. Las exportaciones superaron los 50.000 millones de dólares y la inversión extranjera directa los 13.000 millones, con un crecimiento de más del 50 por ciento en un año. En materia petrolera, el país se acercó a producir 1 millón de barriles diarios y el precio del crudo Brent (referencia para Colombia) se tocaba los 120 dólares el barril, lo que disparaba las utilidades de Ecopetrol. La economía tuvo un periodo fulgurante en 2011 con un crecimiento de 6 por ciento. Después de diez años, las agencias calificadoras de riesgo le devolvieron el grado de inversión a la deuda colombiana, en una muestra de confianza en la economía. Y hasta el TLC con Estados Unidos, que parecía más muerto que vivo, fue aprobado en el Congreso de ese país.
Pues bien, la realidad económica de Colombia está cambiando. El auge de los últimos diez años obedeció no solo a la política de seguridad democrática de Uribe y al manejo acertado de la economía del primer cuatrienio de Santos, a la confianza inversionista, sino a la coyuntura internacional. Toda América Latina durante una década navegó en la bonanza de los precios altos de los commodities, gracias a la fuerte demanda de China, que crecía a tasas del 10 por ciento y de la India que también jalaba. Este buen ciclo económico permitió que la pobreza y la inequidad se redujeran en todo el continente y que la clase media creciera.
Pero la época de las vacas gordas terminó, dándole paso a un ciclo menos próspero, tambien por un viraje en la coyuntura internacional. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) la región a duras penas crecerá este año por encima del 1 por ciento y del 2 por ciento en el próximo.
Entre septiembre de 2011 cuando los precios de las materias primas –que exporta la región– tocaron los picos más altos, hasta el mismo mes de este año, la reducción en los precios en dólares de productos básicos del sector de energía fue de 7 por ciento; la de productos agrícolas de 19 por ciento; la de metales preciosos de 22 por ciento y la de otros minerales de 35 por ciento.
A Colombia le está yendo mejor que a sus vecinos. De hecho es el país de más rápido crecimiento dentro de las economías latinoamericanas. Se estima que el PIB se expandirá muy cerca del 5 por ciento en 2014, cifra muy buena para el contexto mundial. Sin embargo, la realidad es que difícilmente Colombia podrá evitar el ciclo de reversión que hoy enfrentan los vecinos del barrio.
Por ello la alerta, ahora que se comienza a pensar en financiar el posconflicto. La principal preocupación para la economía colombiana radica en los menores precios internacionales del petróleo, mercado afectado por varias razones. Entre ellas las tensiones geopolíticas en los países productores; el crecimiento de la producción de hidrocarburos no convencionales en Estados Unidos; las nuevas fuentes alternativas de energía y la implementación de nuevas tecnologías para obtener petróleo en pozos existentes. Todo esto unido a que China está creciendo menos y por lo tanto necesita menos materias primas.
El asunto es que Colombia es muy sensible a los precios del petróleo pues la canasta exportadora se concentra principalmente en este producto. El petróleo representa el 55,2 por ciento de las exportaciones nacionales. El precio del crudo se cotizaba el viernes pasado a 83 dólares el barril (referencia Brent). Esto significa una caída durante el año del 25 por ciento, lo que les pega muy duro a las cuentas fiscales por dos vías: los ingresos tributarios (y de regalías) asociados a la actividad petrolera y las transferencias que recibe la Nación por dividendos de Ecopetrol.
Las proyecciones macroeconómicas recogidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) planteaban un escenario en el cual el petróleo se mantendría alrededor de los 98 dólares por barril durante 2015, un supuesto que a todas luces parece difícil de alcanzar dado el comportamiento reciente visto en el mercado y las perspectivas que hoy en día tienen los analistas.
Pero el país no solo enfrenta dificultades por el precio del petróleo, también por el tema de producción. Aunque temporalmente se pisa el nivel del millón de barriles diarios, meta que se ha fijado el país, el promedio en lo que va corrido del año alcanza los 987.000 barriles.
También está cayendo el precio del carbón y el níquel, otros dos importantes productos de exportación de Colombia. A pesar de que Estados Unidos, el principal socio comercial del país, crecerá este año 2,2 por ciento, el ritmo de recuperación de la economía mundial es muy débil y de ello no se puede sentir nadie a salvo. La turbulencia que se siente en los mercados internacionales también sacude a los locales, afectando con caídas importantes las acciones de las empresas que cotizan en la bolsa de Colombia.
Teniendo en cuenta el panorama que se avecina en los próximos años para toda la región y en el caso particular de Colombia es mejor no hacer cuentas muy alegres. En el pasado debate electoral a la Presidencia las dos campañas hablaron de llevar la economía hacia una meta de crecimiento del 6 por ciento, en el largo plazo.
Eso a mediano plazo es casi imposible. El gobierno ha dicho que es factible alcanzar ese objetivo una vez termine el conflicto armado, por el denominado dividendo económico de la paz y también por el plan de infraestructura de cuarta generación.
Algunos otros estudios han ido aún más allá en optimismo. Varios artículos escritos por destacados profesores universitarios recopilados por la Universidad de los Andes en una publicación titulada Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia dicen que la economía crecería 4.4 por ciento más si se firma la paz. Es decir, que la tasa de crecimiento podría pasar del 4 al 8 por ciento.
Según este mismo estudio, con conflicto armado, el PIB departamental se ha duplicado cada 18,5 años, y la proyección es que sin conflicto se duplicaría en 8,5 años. Colombia ganaría en ese escenario una década de crecimiento.
A pesar del prestigio de las firmas que suscribieron dichos estudios, esas proyecciones no parecen realistas. Algunos otros estudiosos señalan que el dividendo de la paz ya se dio por la reducción de la violencia que se ha producido en los últimos 15 años como consecuencia de la política de seguridad democrática. De allí concluyen que por el hecho de firmar la paz, no habrá grandes saltos en las variables macroeconómicas en los siguientes cinco o diez años.
El Bank of America señala que una cosa es decir que el proceso de paz puede aumentar el potencial de crecimiento, y otra esperar que una vez se firme la paz, el PIB aumente. En un estudio, la entidad estima que un acuerdo de paz podría impulsar el crecimiento en torno al 0,3 por ciento anual, mientras que la implementación de los acuerdos costaría al menos un punto del PIB por año.
Fedesarrollo cree que el escenario más realista del país para el mediano plazo es hablar de una tasa de crecimiento entre el 4,5 y 5 por ciento. Esto está acorde con lo sucedido en los últimos diez años, cuando el promedio observado de crecimiento fue de 4,7 por ciento anual.
Poniéndolo en otros términos, como dice Fedesarrollo, para que la economía alcance una tasa de crecimiento sostenido de 5 por ciento se requiere que la productividad crezca 1,6 por ciento anual en promedio, algo que no se ha observado desde mediados de la década de los setenta. Para llegar a tasas de crecimiento del PIB de 6 por ciento de manera sostenida, el ritmo de crecimiento de la productividad tendría que ser 2,6 por ciento, superior incluso al observado en el periodo 1969-1973 (2,3 por ciento anual), el más alto del periodo histórico analizado.
Ahora bien, si los precios del petróleo bajan más (o siguen bajos), va a haber menos recursos tributarios y puede darse una destorcida económica importante.
Un estudio que acaba de presentar el PNUD coordinado por Hernando José Gómez, ex codirector del Banco de la República, muestra el grave impacto económico y social que tendría la caída en el precio del petróleo, que a su vez arrastraría a la baja el precio de otros energéticos como el carbón. Esto plantearía grandes retos fiscales para el país.
Según el estudio en una coyuntura de 60 dólares el barril de petróleo y 40 dólares la tonelada de carbón, la tasa de cambio experimentaría una devaluación de 20 puntos porcentuales en el largo plazo. En el corto plazo, sin embargo, de no existir ningún tipo de intervención del Banco de la República o del gobierno, la tasa de cambio podría depreciarse en un 40 por ciento. Pero además se perderían 13 puntos porcentuales en términos de crecimiento económico y 80 puntos básicos de aumento en el desempleo anual promedio en los seis años posteriores a la caída de los precios de dichos commodities.
Todo lo anterior significa que la financiación del posconflicto requerirá de una enorme imaginación y para que las cuentas puedan cuadrar, el país tendrá que aterrizar ante la nueva realidad.
El gobierno está haciendo lo que puede a través de la reforma tributaria. Pero a pesar del malestar que esta ha creado en algún sector del empresariado, solo aspira a recaudar 12,5 billones de pesos que tapan el hueco del presupuesto para 2015, pero que no permiten cubrir las necesidades del posconflicto. En aras de incrementar los ingresos para financiar el gasto venidero, al gobierno le tocará acudir a una nueva reforma tributaria, en la que seguramente tendrá que darse la pela política de aumentar el IVA.
El papel aguanta todo, pero los empresarios colombianos que no evaden y que ya están pagando una tarifa en impuestos de más de 50 por ciento están llegando al punto de rebelión frente a más cargas tributarias.
La conclusión es que, como por ahora no se ven condiciones para crecer a un ritmo mayor, aún con paz, no se pueden hacer proyecciones de gasto basadas en perspectivas fiscales muy optimistas como se viene haciendo hasta ahora.
El país tiene que cambiar de mentalidad y entender que las condiciones económicas que existían cuando se anunció el proceso de paz quedaron atrás. El continente se está preparando para afrontar lo que puede ser una década de vacas flacas de la cual Colombia podrá capotear pero no va a ser ajeno. Por eso es bueno, que tanto el gobierno, como la propia guerrilla en lugar de asumir compromisos labrados en piedra que no se podrán cumplir comiencen a pensar en fórmulas más ajustadas a lo que se viene.
Pero hay que ir más allá y buscar mecanismos más creativos. Una posibilidad sería que algunas de las inversiones acordadas en La Habana tengan un carácter más flexible en su ejecución. En otras palabras, lo más sensato sería hacer unos compromisos que dependan sustancialmente del desempeño de la economía. Esto se podría hacer con base en el crecimiento del PIB o de los recaudos tributarios. 7 y 8 billones de pesos para el posconflicto rural de pronto se pueden conseguir si la economía crece al 5 o 6 por ciento, pero la coyuntura internacional desemboca en un 4 por ciento, según las proyecciones.
El problema es que el lenguaje que se está utilizando en las negociaciones de La Habana no registra un ajuste a las nuevas realidades. Por ejemplo, en el punto número 1, el del agro, dice textualmente: “El gobierno se compromete a asegurar la financiación de todos los compromisos derivados del presente acuerdo”. Sin embargo, como nada está acordado hasta que todo esté acordado, valdría la pena echarle una pensada a estos textos para que no se queden en un saludo a la bandera y que lo acordado se pueda cumplir.
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